Fotomontaje de la Guardia Urbana de Badalona
Fiscalía investiga a nueve mandos y agentes de la Guardia Urbana de Badalona por falsedad documental
La denuncia de un agente del cuerpo ha destapado un posible montaje con documentos falsificados, órdenes contradictorias y una estructura interna que habría actuado para incriminarlo
Más: Hablan los agentes de la Guardia Urbana de Badalona: la jefatura actúa como una mafia sindical
La Fiscalía de Barcelona investiga a nueve miembros de la Guardia Urbana de Badalona --ocho de ellos mandos-- por un presunto delito de falsedad documental, entre otros, a raíz de un expediente disciplinario abierto contra el agente J.S. en 2024, por hechos ocurridos dos años antes, en 2022.
Tal y como avanza Metrópoli, durante la tramitación de ese expediente, el afectado denunció ante el instructor que varias de las pruebas aportadas eran falsas y que se estaba construyendo un expediente disciplinario sobre una base manipulada para perjudicarlo profesionalmente. El instructor trasladó esa advertencia a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que a su vez solicitaron un informe de valoración penal a un abogado especialista.
Un agente de la Guardia Urbana de Badalona mostrando la espalda / ÁNGELA VÁZQUEZ
El dictamen jurídico concluyó que existían indicios de delito y recomendó trasladar los hechos a la vía judicial. El Ayuntamiento asumió esa valoración y remitió la documentación completa a la Fiscalía de Barcelona, que ahora ha abierto diligencias de investigación.
Un detenido georgiano
Los hechos se remontan a la noche del 8 de marzo de 2022, cuando J.S., agente actuante, participó en la detención de un ciudadano de nacionalidad georgiana.
Al ingresar en los calabozos, el detenido se encontraba inconsciente y bajo los efectos de medicación, por lo que no pudo ser informado de sus derechos en su idioma. Así quedó reflejado en la minuta policial.
El trámite fue aceptado por los agentes de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del turno de tarde, con la previsión de que el acta en idioma georgiano se confeccionara más adelante, cuando el detenido estuviera en condiciones.
Fabricación 'a posteriori'
La sorpresa de J.S. no llega hasta 2024, cuando Jefatura de la Guardia Urbana le notifica la apertura de un expediente disciplinario. Es entonces cuando descubre que el cabo J.V. había afirmado haber confeccionado un acta N01 de lectura de derechos a la persona detenida en idioma georgiano para justificar la tramitación de las diligencias.
Este documento, con membrete de la Guardia Urbana, indica una notificación a las 19:55 horas, pero fue supuestamente elaborada entre las 22:00 y las 22:15 horas del mismo día.
Agentes de la Guardia Urbana de Badalona en una imagen de archivo
En realidad, la única acta N01 en idioma georgiano incluida en las diligencias oficiales fue redactada más tarde esa noche por el agente 486, instructor real del atestado, con membrete de los Mossos d’Esquadra, a las 23:45 horas. También consta una N01 en castellano elaborada por el propio cabo J.V., en el momento del ingreso.
El acta en georgiano atribuida a J.V. no aparece en las diligencias policiales, sino solo como anexo en el expediente disciplinario abierto contra el denunciante. Este hecho ha sido clave para abrir la investigación por falsedad.
Una red de "declaraciones falsas"
J.S. denuncia que varios miembros del cuerpo mintieron en sus declaraciones para sostener el expediente en su contra. Entre ellos señala al actual intendente Valentín Anadón y al inspector Óscar Parada, así como a otros mandos y un agente.
El afectado asegura que los implicados pertenecen al sindicato SIP-FEPOL, que "controla la cúpula del cuerpo", y denuncia haber sido víctima de una persecución sindical por haber criticado su gestión públicamente.
Una acusación fabricada por desobediencia
El expediente disciplinario abierto contra J.S. se basa en una falta muy grave por reiteración de dos faltas graves de desobediencia. Una de ellas se refiere al supuesto incumplimiento del deber de confeccionar el acta en georgiano.
La segunda, según denuncia el propio J.S., fue inventada para agravar el expediente, acusándolo de no acudir a una práctica de tiro programada. El denunciante asegura que el entonces cabo responsable le "anuló verbalmente la orden", ordenándole salir a patrullar porque estaba redactando el informe solicitado por el cabo J.V. sobre lo ocurrido el día anterior con el georgiano detenido.
Al día siguiente, fue requerido para explicar por qué no asistió. Al ver que se estaba preparando una acusación formal para imputarle una nueva desobediencia, sufrió un ataque de ansiedad, acudió a urgencias y recibió una baja médica por estrés.
Ambiente de represalias
En su escrito de alegaciones, J.S. describe un clima de represalias internas desde 2019, año en que Valentín Anadón y Óscar Parada asumieron el mando de la Guardia Urbana. Asegura que desde entonces se han abierto "más expedientes disciplinarios que en toda la historia del cuerpo, muchos de ellos contra agentes críticos o ajenos a la línea sindical dominante".
El caso ha escalado hasta la Fiscalía de Barcelona, donde ahora se investiga si se cometieron delitos de falsedad documental por parte de varios mandos del cuerpo.
Querella criminal
Desde el Ayuntamiento, de momento, se confía en el procedimiento judicial en curso.
Mientras tanto, J.S. ha decidido presentar una querella criminal contra los responsables del montaje que, según denuncia, buscaba "destruir su carrera profesional mediante documentos falsos y declaraciones manipuladas".
La flota de coches de la Guardia Urbana de Badalona / CEDIDA
Crisis interna
La apertura de diligencias por parte del ministerio público supone un giro de calado en la crisis interna de la Guardia Urbana de Badalona, marcada en los últimos años por conflictos entre agentes, denuncias de acoso laboral, y una creciente desconfianza hacia la cúpula del cuerpo.
El caso ha generado un fuerte malestar dentro de la plantilla, especialmente entre quienes reclaman más transparencia y garantías jurídicas dentro del funcionamiento de la policía local.
Oposición bajo sospecha
La problemática interna de la Guardia Urbana se agrava con la polémica en torno al concurso para cubrir la plaza de intendente mayor, convocado tras la jubilación del superintendente Conrado Fernández.
Cinco de los seis aspirantes han solicitado la suspensión del proceso, alegando irregularidades y señalando que la convocatoria parece diseñada para "favorecer" al inspector Óscar Parada, actual delegado del sindicato SIP-FEPOL y uno de los mandos denunciados por J.S.. Los denunciantes cuestionan la transparencia del proceso y alertan sobre "posibles vulneraciones de las bases del concurso".
